Sep 15, 2010
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Ruano defiende «suspender antes que derogar» prestaciones ante las restricciones presupuestarias para 2011

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El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha defendido que ante el marco presupuestario previsto para 2011 a su juicio debe abogarse por la «suspensión, que no derogación» de determinadas prestaciones del estado del bienestar.

Ruano explicó en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico en el Parlamento de Canarias la estrategia del Ejecutivo sobre los agentes locales de segundo destino –que se centra en el rejuvenecimiento de las plantillas– que se han destinado un total de 150.000 euros para este curso, pero que aún no se ha determinado la partida para el próximo ejercicio. «Todavía no hay respuesta ni para esto, ni para nada. Pero sí existe la previsión de este año», dijo.

Ante esto defendió que se hable de suspensión «temporal» en determinados asuntos estatales de gasto público hasta la convergencia con los objetivos de déficit.

Sobre las partidas, informó de que el Ayuntamiento de Alajeró en La Gomera ya está percibiendo las partidas autonómicas para suplir a un agente local prejubilado y otros dos municipios están con el proceso de convocatoria. Explicó que la segunda actividad sin destino es en la práctica una prejubilación.

Ruano también señaló que esta opción, la escogida por el Ejecutivo, no resuelve la problemática, pero sí la palía. Apuesta, según dijo, por rejuvenecer las plantillas. Así expuso que los ayuntamientos deben hacer una convocatoria para suplir el puesto de un agente que pase a segunda actividad. En gastos para reposición se prevén 31.000 euros en los municipios de las islas capitalinas y 34.700 para los de no capitalinas.

«Es costoso porque tiene que haber sincronía», dijo para proseguir asegurando que «el sistema está bien orientado». «Es una decisión paliativa. Lo lógico sería que todo el régimen fuese el mismo para todos los cuerpos», argumentó.

PLANTILLAS MÁS JÓVENES

La diputada del PSC-PSOE, Eulalia Guerra, apostó por analizar esta demanda «vieja y justa» de los agentes. Aquí asumió que no sólo se habla de la actividad sin destino, pero también con destino a partir de los 57 años. «Encontramos también a los servicios de salvamento y extinción de incendios», argumentó.

Guerra recalcó que es importante que se haya regulado, «aunque muy tarde». «No es el mejor momento, pero hay que animar a los ayuntamientos», prosiguió para defender «el rejuvenecimiento de las plantillas de los agentes locales». Aquí solicitó que se regule cuáles son los puestos que pueden ser ocupados para los agentes ‘de segunda actividad’. «Que no sea algo deprisa y corriendo, sino que esté planificado», añadió.

La diputada de CC, Flora Marrero, planteó que su formación comparte la idea del Gobierno y ayuntamientos la necesidad de rejuvenecer las plantillas de los policías locales. Aquí insistió en que los agentes con más de 63 años deben seguir siendo útiles a la sociedad y que los ayuntamientos convoquen nuevas plazas. «Es importante esa obligación a las corporaciones de reponer», expuso.

Marrero señaló que esta situación está sujeta al marco presupuestario. Aquí recalcó que le llama la atención que de los 88 ayuntamientos sólo hay uno que ha solicitado la reposición y dos en cola.

Por último, el diputado del PP, Sigfrid Soria del Castillo, explicó que «las policías locales han reivindicado junto a las otras FCSE la ‘segunda actividad’, es decir, cuando los agentes no deben estar prestando servicio en la calle». «Es encomiable que el Gobierno haya respondido a esta reivindicación de la manera en que lo ha hecho», afirmó el popular.

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Canarias

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