Sep 8, 2010
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Colectivos de Tenerife critican diferencias entre poblados

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Alternativa por Tenerife y la Coordinadora de Pueblos y Barrios han manifestado este miércoles su apoyo a la causa de los seis vecinos del poblado marinero de Cho Vito, en Candelaria, en huelga de hambre desde hace siete días para evitar el derribo de sus viviendas, y han censurado la «irresponsabilidad humanitaria» de las administraciones públicas y la actuación de la Dirección General de Costas, por derribar poblados «humildes» como Cho Vito, mientras otros núcleos del litoral español obtienen «amnistías administrativas».

El presidente de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, José Antonio Ramos, leyó el manifiesto que secundan otros colectivos como Alternativa por Tenerife, además de «ciudadanos de a pie», y en el que se critica la «miserable indiferencia con la que las distintas administraciones públicas han tratado este asunto, dilatando una posible solución y poniendo en grave riesgo la vida de los vecinos».

A juicio de estos colectivos, «no se trata sólo de una censurable irresponsabilidad humanitaria, también es una irresponsabilidad política al dejar en la más absoluta indefensión a un grupo de ciudadanos que llevan sufriendo acoso jurídico y psicológico desde hace varios años».

Ramos lamentó que, «cuando un vecino toma la decisión de ponerse en huelga de hambre no se puede despachar la cuestión diciendo que está chantajeando». A su juicio, «no se trata de una medida desproporcionada» para alguien que «ha visto como un ejército de policías y antidisturbios desaloja su poblado y lo convierte, en parte, en ruinas».

El presidente de la Coordinadora de Pueblos y Barrios animó a la ciudadanía a ponerse en la piel de alguien que «lleva años viendo como una ley, que tiene que ser igual para todos, se aplica discrecionalmente sobre los núcleos más humildes, mientras llamativos ejemplos, tanto en estas islas como en la Península, obtienen amnistías administrativas». Desde esta premisa, Ramos opinó que esta situación «degrada el concepto de estado de derecho».

«COBARDÍA POLÍTICA» DEL ALCALDE

Estos colectivos sociales tinerfeños acusan al alcalde de Candelaria, Gumersindo García, de «cobardía política, al dejar a seis vecinos de su municipio llegar a tal grado de deterioro físico». También consideran que García ha intentando manipular a la opinión pública, haciéndola creer que es el «principal defensor de Cho Vito, cuando ha dilatado la agonía administrativa inútilmente».

También arremeten contra la Dirección General de Costas por crear un «estado de sitio entre los poblados marineros, utilizando una doble vara de medir». Estos colectivos también estiman que el Cabildo de Tenerife se «ha inhibido ante la problemática, sin intentar sacar adelante el Bien de Interés Cultural que hubiera cambiado el panorama de la reivindicación». Además, a juicio de estas organizaciones, el Servicio Canario de la Salud y la Subdelegación del Gobierno no han prestado la colaboración médica necesaria para un seguimiento adecuado de los huelguistas.

En esta coyuntura, según el manifiesto leído por Ramos, estos colectivos advierten de que, frente a estas personas que resisten con «su único derecho inalienable, el de su propia vida», está la maquinaria política y judicial «montada para humillarlos».

A RIVERO, LE FALTA «HOMBRÍA»

Por su parte, Pedro Delgado, de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, en declaraciones a los medios, criticó que mientras se derriban poblados como el de Cho Vito, otras infraestructuras como el denominado ‘mamotreto’, en Santa Cruz de Tenerife, siguen en pie. Según Delgado, al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, le faltó «hombría» para decir que la Ley de Costas, «no se aplicaría en el archipiélago, mientras no se aplicara en la Península».

El representante de la Coordinadora de Pueblos y Barrios alertó igualmente de que la Ley de Costas se ha aplicado sólo en Cho Vito porque hay intereses privados para construir una urbanización y un puerto deportivo en la zona.

El portavoz de asamblea por Tenerife, Ramón Afonso, afirmó, también en declaraciones a los medios, que «la aplicación taxativa de la Ley de Costas en Cho Vito es un ejemplo de la aplicación discriminatoria de la misma, ya que sólo los poblados humildes son pasto de las palas». Afonso rechazó además la actuación del Gobierno de Canarias que elaboró una ley «completamente anticonstitucional» que invadía competencias de leyes de rango superior.

Según Afonso, Cho Vito es «un modo de ocupar el espacio totalmente antagónico con los intereses económicos que han colmatado la isla con urbanizaciones que están prácticamente donde rompen las olas». En esta coyuntura, estos colectivos piden «no sólo que no derribe las viviendas que siguen en pie, si no que se reconstruya el poblado».

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Tenerife

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